Aquí la introducción:
Por Gabriel Sosa Plata
El 2002 fue un año de éxito político, más que económico, para los radiodifusores. Además de lograr, luego de varios años de presión política, la eliminación del acuerdo del 12.5 por ciento del denominado tiempo fiscal que estaban obligados a ceder al gobierno, decenas de sus concesiones fueron refrendadas, sin ningún tipo de obstáculo. Fue una demostración clara de su fuerza e influencia en el gobierno federal, cuyos funcionarios prefirieron enfrentar a diputados y senadores del Congreso, incluso de su mismo partido político, al igual que a representantes de la sociedad civil, antes que postergar el refrendo de concesiones y tener un nuevo marco jurídico para los medios electrónicos, como se había acordado con otros sectores en una mesa de diálogo a la que había convocado la propia Secretaría de Gobernación. Nada ni nadie detiene a los radiodifusores y ahora, "envalentonados", se proponen dos objetivos nuevos: que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) postergue la entrega de permisos para operar estaciones de carácter social y cultural, y que revoque aquellos permisos de radiodifusoras que no han sido puestas en operación.
Pero el 2002 fue también el año de la resistencia de diversas organizaciones no gubernamentales hacia las acciones tomadas por el gobierno federal y los radiodifusores. Las manifestaciones de rechazo a las modificaciones del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y la presentación, en contraparte, de una propuesta de ley; su inconformidad por la forma en que fue derogado el acuerdo del tiempo fiscal del 12.5 por ciento, las protestas por la instalación del Consejo Nacional de Radio y Televisión y por la desaparición, sin tomar en cuenta la opinión de los radioescuchas, de estaciones como la XELA, son una muestra del activismo político que se está generando alrededor de los medios de comunicación. La situación que se presentó en torno del conflicto CNI-Televisión Azteca, es parte de la mismo clima de molestia por la manera en cómo se está dando la relación del gobierno con la radio y la televisión.
Los medios del Estado no estuvieron exentos de la polémica. La llegada de Dolores Béistegui a la dirección general del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) trajo también una nueva manera de hacer radio: la renta de espacios al aire para obtener, a como dé lugar, recursos propios y tratar de hacer autofinanciable al organismo radiofónico. El IMER aclara y se justifica: no hay privatización, sólo cumple órdenes de la Secretaría de Gobernación -a pesar de estar adscrita a la Secretaría de Educación Pública- y lo hace bien. El problema es que, a dos años de gobierno, ni desde la Secretaría de Gobernación ni desde Presidencia hay una política de comunicación social ni del uso de los medios de comunicación que aún pertenecen al Estado. Pese a estas indefiniciones, otras radiodifusoras, como Radio Educación, realizaron una tarea importante al organizar, por cuarta ocasión, la Bienal Internacional de Radio y fortalecer su programación con nuevas propuestas.
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